Consumidores hipervulnerables, la penalización de la sobreinformación de productos, la contratación de servicios on line y el sobreendeudamiento en el crédito son algunos de los puntos que intentarán ser incorporados en la iniciativa que se debatirá en Diputados.
La reforma integral de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada hace más de un cuarto de siglo, será uno de los ejes económicos del debate parlamentario cuando los diputados intenten incorporar a la norma regulaciones sobre consumidores hipervulnerables, la penalización de la sobreinformación de productos, la contratación de servicios on line y el sobreendeudamiento en el crédito, entre otras cuestiones.
El tratamiento del tema se justifica por las diversas modificaciones de la ley desde su entrada en vigencia y por las incorporaciones efectuadas más recientemente en el Código Civil y Comercial y tendrá como base el anteproyecto presentado en diciembre por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El documento fue encargado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor a una comisión de 12 especialistas locales en la materia y elevado al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.
Los expertos fundamentaron la necesidad de una nueva ley, entre otras razones por “los trascendentes cambios en el consumo masivo”; “el impacto de las nuevas tecnologías”; y “la normativa internacional y los convenios multilaterales de los que la Argentina es parte”.
La reforma propuesta contiene 186 artículos divididos en seis títulos, con lo cual es mucho más abarcativa que la ley vigente (que tiene 66 artículos y tres títulos).
Entre las novedades impulsadas por el anteproyecto, según lo analizado por uno de los estudios jurídicos más importantes del país el de Mairal, O’Farrell, Marval, se establecen mayores precisiones en cuanto al deber de información y se contempla la penalización por la sobreinformación, entendida como el exceso en cantidad o complejidad de la información suministrada al consumidor.
También se incorporan los consumidores hipervulnerables (ancianos, niños y personas enfermas, entre otros) sobre quienes se refuerza la protección, mientras se deja la definición del concepto a la interpretación judicial.
REUNIÓN CON ENARGAS
Representantes de Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y de entidades vinculadas a los consumidores fueron convocados por la entidad nacional a un encuentro donde fueron presentados los regímenes tarifarios diferenciales.
En la ocasión desde Adpra plantearon la necesidad de revisar las condiciones de la tarifa social. También se presentó el nuevo sistema de subastas para las empresas de gas.
El defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó, junto a sus pares de la Adpra, y representantes de distintas entidades de defensa del consumidor, de una convocatoria realizada por la Gerencia de Regulación y Gestión Comercial de Enargas donde fueron presentados los aspectos generales de los regímenes tarifarios diferenciales. Los defensores señalaron, entre otras cuestiones, la necesidad de revisar las condiciones de inclusión y exclusión de la tarifa social, de aumentar los bloques de consumo actualmente destinados a dicha tarifa y la razonabilidad en los tiempos de respuesta de los reclamos vinculados a las tarifas diferenciales.
Los representantes de Enargas dieron detalles de los requisitos y pasos a seguir para percibir dichas tarifas y presentaron una nueva plataforma de la página institucional que permite acceder a información de los tres tipos de tarifas diferencial entre los que se encuentran la tarifa social, el tarifario específico para Entidades de Bien Público (EBP) y el régimen para micro, pequeña y mediana empresa.
En particular, una de las situaciones que señalaron los defensores cómo problema recurrente es cuando un usuario queda por fuera de la tarifa social debido a que figura más de un inmueble a su nombre pero uno de estos es una cochera o una baulera que está escriturada en forma separada de la vivienda. Por lo que se sugirió realizar un cambio en la norma que permita agilizar la resolución.
En cuanto a los metros cúbicos fijados para la tarifa social los defensores señalaron que es de extrema necesidad ampliar el mínimo fijado para que no se pierda el beneficio que con las últimas modificaciones se ha visto extremadamente reducido.
Por su parte, Raúl Lamberto expresó la preocupación de la situación de los clubes que “tienen un régimen especial de subsidio a través de la secretaria de Deporte de la Nación que al ser por reintegro en muchos casos queda aprobado el subsidio pero sin la liberación de los fondos del área económica”, y propuso que “Enargas interceda para que se liberen los fondos con mayor celeridad y se evalúe la posibilidad de que el subsidio ya esté descontado en la factura evitando la obligación de pago de ese porcentaje a la entidad deportiva”.
Subasta de gas
Desde el Enargas explicaron que se implementará un nuevo sistema para marcar el precio del gas en boca de pozo que se realizará a través de una subasta pública semestral. En este sentido, lo defensores valoraron el proceso licitatorio de subasta con transparencia pero observaron que el nuevo mecanismo podría constituir un paso más en el retiro del Estado en la conformación de las tarifas, ya que el precio del gas es la variable que más incide en la conformación de las tarifas.
