Se utilizaría en el caso de delitos graves, y estarán integrados solo por ciudadanos, que se elegirían por sorteo en base al padrón electoral. También se aprobó el derecho al acceso a la información pública.
Durante una nueva sesión de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Antonio Bonfatti, se otorgó media sanción al proyecto que introduce mejoras en el sistema judicial a través de la instauración de Juicios por Jurado.
“Este proyecto nace como una garantía del acusado de ser juzgado por sus pares, pero fundamentarme como un derecho político inalienable de la ciudadanía en un régimen republicano y democrático”, precisó el diputado Rubén Galassi, impulsor de la iniciativa.
El legislador indicó que Argentina, según datos aportados por la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, actualmente hay 5 provincias que tienen este sistema (Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Chaco, y Rio Negro), y este año se va a sancionar en las provincias de Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Entre Ríos.
La función de jurado será tanto un derecho como una carga pública de los ciudadanos en condiciones de prestarla. En el proyecto se fija que el jurado esté compuesto por 12 integrantes titulares y dos suplentes (hombres y mujeres en partes iguales, más 2 suplentes).
Galassi refirió que se arribó al proyecto tras un “intenso debate” que incorporó elementos del mensaje del Poder Ejecutivo, y de los diputados Ariel Bermúdez, Gabriel Real, Jorge Henn, Leandro Busatto, y Julio Eggimann.
El diputado del PS aseguró que el presente proyecto “contribuirá a reconfigurar el vínculo del ciudadano con la justicia penal santafesina, aportar a transparentar el funcionamiento del Poder Judicial y a generar mayor conciencia ciudadana respecto del funcionamiento y las implicancias de las decisiones en el sistema judicial, además de limitar el exceso de tecnicismos, formalismos y los intereses corporativos de todo tipo de organización y garantizando los principios básicos del proceso penal”.
Acceso a la información pública
Además, se presentó el acceso a la información pública, que tiene como objetivo central la trasparencia de los actos de Gobierno, el cual también obtuvo media sanción, “por séptima vez consecutiva”, según manifestó su autor, Gabriel Real, quien explicó que la iniciativa había perdido estado parlamentario durante los años anteriores debido a la falta de tratamiento en la Cámara Alta o modificaciones.
El legislador citó la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto que reza “la trasparencia de los gobiernos y entidades públicas para con los ciudadanos respecto al manejo de los asuntos públicos, en tal sentido, implica tanto el derecho al acceso a la información, en poder de las instituciones públicas y que puede solicitar la ciudadanía, como también la obligación de los Gobiernos de exponer aquella información que dé cuenta de sus actividades y del uso y utilidades de fondos públicos”.
“La primera sanción de esta ley por unanimidad fue en el año 2002”, recordó el legislador. “En algunas oportunidades la iniciativa caducó o recibió modificaciones y la incorporación del Interés legítimo”, lamentó.
Así, en el proyecto se define como información pública a “todo dato que consta en documentos escritos, soporte digital, fotografías, grabaciones, soporte magnético, u otro formato que debiera ser obtenido o generado por obligación legal. Se definen como principios como la trasparencia, máxima divulgación, informalismo máximo acceso. Se plantea el nivel de informar también y la participación ciudadana como parte del articulado” descripto en el recinto por el diputado Gabriel Real quién bregó por una pronta sanción definitiva.
