DEBATE ART

A production worker in workwear with a protective helmet in his hand. Special workwear for employees. Dark background.

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Representantes de empresarios y trabajadores se reunieron en la Asociación Empresaria de Rosario por la adhesión a la nueva ley de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

La ley 27348 de Riesgos de Trabajo fue sancionada en 2017, lo cual no fue casual. 

En ese entonces,  si bien hubo una baja en los índices de siniestros – una caída del 77% en los índices de fallecimiento y del 43% en el total de accidentes, con 6,4 millones de prácticas asistenciales integrales por año-  la masa de juicios no paraba de crecer. Se llegó a 130.000 juicios por año, duplicando así el número de accidentados con secuelas. Así, el sistema acumuló 350.000 juicios por valor estimado en u$s 5.000 millones. 

Mientras la mayoría de las provincias adhirió, hay ocho que aún no lo hicieron y Santa Fe es una de esas. 

Aunque hay posicionamientos diversos sobre su aplicación, el objetivo de esta ley es abordar los problemas generados por la proliferación de juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales, dado que es uno de los principales factores que condiciona la creación de empleos asalariados formales y el nivel de los salarios.

Si se analizan resultados, según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) a nivel del total del país se pasó de 10 a 7 juicios por cada mil trabajadores.  

En Córdoba, que fue la provincia que de manera más rápida e integral incorporó los lineamientos de la reforma, según datos proporcionados por su gobierno provincial, se redujo el 73,59% la judicialidad interanual entre 2017 y 2018, y si se compara el primer semestre de 2017 con el primero de este año la reducción fue del 66,60%. 

En sentido contrario, la provincia de Santa Fe –que no adhirió a la nueva Ley y, por lo tanto, no la puso en funcionamiento – mantiene una alta cantidad de juicios y pasó a ser la provincia con mayor tasa de judicialización por riesgos de trabajo del país.

En concreto la ley establece la creación de siete comisiones médicas de carácter permanente en toda la provincia, y otra móvil en localidades donde no hubiera cobertura, a fin de garantizar la atención de los trabajadores cerca de su domicilio o lugar de trabajo. 

La reforma estipuló básicamente que los reclamos por accidentes y enfermedades laborales deben ser evaluados en una primera instancia por las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Si superada esta instancia administrativa subsisten los desacuerdos entre el trabajador y la aseguradora de riesgos del trabajo (ART), queda habilitada la vía judicial.

Quienes defienden esta ley aseguran que otorga beneficios a todas las partes, el trabajador no tiene que esperar los años que demanda un juicio sino que en alrededor de 3 meses tiene una respuesta avalada por una entidad profesional y estatal como son las Comisiones Médicas. El Estado administra más eficientemente los recursos ya que reserva la movilización  de la costosa estructura judicial para los casos más complejos y conflictivos. El sector productivo ve reducidos los costos por juicios y los precios de las ART.

Verónica Solmi, Directora Regional Centro del Ministerio de Trabajo de la Nación, explicó: “Esta ley es una complementaria a la ley de riesgos de trabajo y nosotros trabajamos para adecuar el proyecto a la realidad provincial, y por eso se incluyeron ocho comisiones médicas por jurisdicción, dos en Rosario y una móvil. Esta modificación se produjo debido a que algunos diputados lo rechazaban porque en un principio contemplaba solamente dos”.

A favor de la adhesión

Representantes de empresarios y trabajadores se reunieron en la Asociación Empresaria y expresaron la necesidad de que Santa Fe se sume. 

Ricardo Diab, presidente de AER, dijo: “No estar adherido significa un mayor costo de la ART cuando uno tiene que contratar personal, y nos quita competitividad frente a provincias vecinas como Córdoba y Entre Ríos que si lo están, nos da un 20 % de diferencia en nuestros costos”. 

En tanto, el Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe ratificó su posición para que los diputados provinciales avalen la media sanción que en el Senado dieron a la adhesión a la ley nacional de ART.  “La ley de ART le da previsibilidad al trabajador sobre cuándo y qué va a cobrar y si el trabajador no está de acuerdo puede hacer el reclamo legar correspondiente, de ninguna manera le quita ese derecho. Adherir significa que las empresas tengan competitividad y que se generen más puestos de trabajo, lo que beneficia a los trabajadores”, dijo Sergio Aladio, secretario general de la organización obrera. El gremialista sostuvo que la nueva ley permite que en caso de accidentes, los trabajadores cobren a las pocas semanas con la posibilidad de litigar en la justicia en caso que considere insuficiente lo abonado.

Roberto Lenzi, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario dijo: “Estamos pasando una situación muy complicada, y todo este tipo de encuentro son necesarios, es muy importante que nos focalicemos en la prevención y protección del trabajador”. Explicó que es fundamental reducir los costos para que la industria pueda sostenerse. “Muchas empresas han tenido que reducir la planta de trabajadores y de los ocupados, nos preocupa cómo se les ha deprimido el salario por la devaluación”, añadió sobre la coyuntura.   

Por su parte, Miguel Conde, secretario general de la AIM Rosario, se explayó sobre su situación particular y aseveró: “El sistema de las ART es perverso. La mayoría de los juicios no pasan por las comisiones médicas, duran años y todos esos años las aseguradoras nos van sacando dinero”. Remarcó que “en los últimos cinco años no se resolvió ningún juicio” laboral que le presentaron en su empresa, fundamentalmente por problemas de hipoacusia relacionado al uso de máquinas. Así, dijo que en este tiempo “el empleado no cobró pero la ART siguió sacando dinero. Ese es el problema, las ART nos están matando”, aseguró.

En declaraciones a los medios Víctor Sarmiento, presidente de Fisfe aseveró: “Estamos perdiendo 350 millones de pesos al año por falta de decisión política, tenemos tasas de alícuotas con mismas compañías que tienen dos puntos y medio más.  Dicen que queremos ir por arriba de los derechos y eso no es verdad, la aprobación de nuevas juntas médicas es una medida justa y ordenada”

En contra

Legisladores socialistas y peronistas se oponen a la adhesión porque consideran que la aplicación implica una pérdida de derechos para el trabajador, ya que atenta contra la posibilidad de que éste le haga juicio a la empresa. En el mismo sentido se posicionó el Colegio de Abogados de Rosario porque asegura, entre otras cosas, que el establecimiento de plazos para la caducidad del reclamo atenta contra el derecho de los trabajadores.   

Cómo sigue la historia

Tras recibir media sanción del Senado provincial y tras la realización de una audiencia pública, el proyecto continuaba prácticamente estancado en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados. 

“Están divididas las opiniones en el Frente Progresista, pero eso no sería un obstáculo. Con los votos de otras bancadas sí se conseguiría. Busatto está en contra y los gremios estatales están en contra. Todos los gremios del sector privado y los empresarios están a favor”, dijo la Ministra de producción Alicia Ciciliani en declaraciones radiales y aseveró: “Desde el Estado venimos a decir que tenemos que bajar los costos laborales desde los impuestos, es una locura lo que se paga de impuestos”. Y explicó: “Cuando la ART le dice a los trabajadores que el juicio no perjudica a las empresas es mentira. Cuando aumentan la taza de litigios y de riesgos le cobra más a las empresas y eso es lo que está pasando en Santa Fe”.

Desde el Ministerio acompañan y esperan la adhesión ya que según indicó su titular se hicieron las modificaciones necesarias para que sea aplicable en Santa Fe. 

Sin embargo, para el diputado Antonio Bonfatti el proyecto que salió del Senado sólo beneficia a las ARTs y es vergonzoso, aseguró que hay acuerdo para que el proyecto no pierda estado parlamentario y puedan hacerse nuevas modificaciones. 

Todo indica que faltando solo cuatro sesiones no sería el 2019 el año de adhesión de Santa Fe a la ley nacional  27.348. Habrá que seguir esperando e insistiendo, aquellos que estén a favor. 

Cambio en el cálculo de las indemnizaciones

Al momento que se terminaba la redacción de este artículo se conoció el Decreto 669/2019 que modificó el modo en que se actualizan las indemnizaciones por accidentes laborales. El cambio más importante es que desde ahora, el cálculo del “ingreso base” de los trabajadores, la cifra que se usa para determinar cuánto se le paga al trabajador accidentado en concepto de indemnización, se actualizará siguiendo la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y no por medio de la tasa activa de interés que pagan los bancos. Esa modificación reducirá sensiblemente lo que se pagará por indemnizaciones por accidentes.

Según el gobierno es una forma de evitar que el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no colapse y al mismo tiempo reducir a futuro las primas, y así bajar los costos de las empresas.  Por su puesto ya hay expresiones en contra desde los sectores que representa a los trabajadores, y también de legisladores opositores; y al cierre de esta edición se dieron a conocer dos fallos de la justicia porteña para casos particulares que argumentaron la inconstitucionalidad del DNU.